Entrada 4 - Volumen 5

Fabián Díaz 

Soy un joven santandereano, que se desempeña como líder social y ambiental, actualmente me encuentro como Representante a la Cámara en el departamento de Santander, adscrito a la Comisión Séptima Constitucional Permanente para el período 2018 – 2022. 

Adicionalmente, soy miembro de la Comisión Accidental por el Gran Santander, creador y miembro de la Comisión Accidental para el seguimiento para la protección y reglamentación de todo lo concerniente a los ecosistemas de páramos y alta montaña en Colombia, miembro de la Comisión Accidental de seguimiento para la vigilancia y control sobre la exploración y explotación de yacimientos no convencionales (YNC) de hidrocarburos, entre otras subcomisiones en diversos temas de interés general.

Caracterizo como autor de la Ley 2054 “Por medio del cual se modifica la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, esta ley busca atenuar las consecuencias sociales del maltrato animal y de la salud pública derivadas del abandono, la pérdida, la desatención estatal y la tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía. Buscando soluciones a través del apoyo a refugios o fundaciones legalmente constituidas que reciban, rescaten, albergue, esterilicen y entreguen animales en adopción, mientras los distritos o municipios crean centros de bienestar para los animales domésticos perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos por la policía.

Por el momento estoy a la espera del cural debate para el proyecto de Ley No 276 de 2020 Senado - 026 de 2019 Cámara “Por la cual se crea un mecanismo de información, registro y monitoreo que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”. 

Este proyecto tiene por objeto crear un sistema de información, registro y monitoreo que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, en las vías nacionales, centros comerciales, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos, puertos marítimos y fluviales, bodegas, correos y encomiendas de transporte público; como también en espacios estratégicos de zonas de frontera. Otra de las iniciativas parlamentarias con la que se busca dar una protección adicional al ecosistema de páramo, es nuestro proyecto de ley con el que buscamos establecer la obligación de la inclusión de la zona de transición bosque alto andino - páramo, con la finalidad de excluir las actividades de gran impacto ambiental sobre los ecosistemas de páramo.

En la legislatura 2020 – 2021 se han radicado 28 proyectos de ley en las que me encuentro como autor único, estos proyectos se encuentran actualmente en trámite en diferentes comisiones constitucionales permanentes, adicionalmente soy coautor de 58 proyectos de ley y actualmente funjo como componente de 13 proyectos en la comisión séptima constitucional.

¿Cómo incentivar a los empresarios y tenedores de tierras para proteger los recursos naturales?

La necesidad actual en profundizar dentro de la sociedad nuevos paradigmas de procesos productivos, económicos alternativos y ambientalmente sostenibles en diferentes ecosistemas de páramos y alta montaña debe ser la responsabilidad de todos los ciudadanos. Los procesos gremiales y asociativos presentes en los territorios deben ejercer la presión necesaria para lograr los mínimos requeridos por parte del Gobierno Nacional, para efectuar una transición productiva y energética a nivel nacional. 

Se deben crear políticas públicas claras para garantizarles un ingreso mínimo a las familias que actualmente viven de la minería artesanal o la producción agropecuaria en estos territorios de especial protección.

Entre las acciones legislativas que estamos emprendiendo para incentivar dentro del empresariado nacional procesos productivos más eficientes y responsables con el medio ambiente, podemos encontrar el proyecto de ley 096 de 2020 Cámara “Por medio del cual se incentiva la generación de empleo verde y se dictan otras disposiciones” que espera tener su primer debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y el proyecto de ley 069 de 2020 Cámara “Por medio del cual se fomenta la creación de empresas verdes y se dictan otras disposiciones” que espera tener su primer debate en la comisión tercera de la Cámara de Representantes.

¿Cómo despertar en la población adulta mayor el amor y la admiración por el medio ambiente?

El instinto de supervivencia es inherente a la época. Lugar o el entorno de nacimiento de los seres humanos y el desastre ambiental que vive la humanidad en estos momentos, se debe ser la fuente de inspiración para despertar la motivación sobre la preservación del medio ambiente en todos los incrédulos. 

Las crisis ambientales generadas por el hombre tiene tan degradado el planeta que es irrogorgable realizar acciones contundentes y radicales para cambiar las condiciones actuales de convivencia con nuestro entorno. Se deben usar todas las herramientas pedagógicas para fortalecer la preservación del hombre y el cuidado del planeta para todas la generaciones existentes y venideras.

¿Cómo transformar escenarios y actores corruptos en generadores de conciencia con sentido social, ambiental y ético?

Los escenarios y actores que no favorecen a la conservación del cuidado medioambiental, la protección de las garantías mínimas de los territorios y la transformación de las realidades sociales de sus habitantes, no podrán ser modificados si se cambian actores políticos que van en contra de los intereses generales. Lo fundamental en estos casos es establecer dentro de los espacios democráticos contra las injusticias que se pueden presentar: organización ciudadana, movilización social, arte y cultura como expresiones de lucha para la transformación. Estas expresiones y otras acciones ciudadanas son el pulmón para transformar las realidades sociales de las regiones.

¿Qué acciones considera que pueden y deben implementar los representantes políticos de una sociedad frente a la pérdida de los ecosistemas y manejo de los recursos naturales de su territorio?

Los representantes y líderes de la sociedad colombiana deben servir a los intereses comunitarios, alineando su plataforma política y social al principio de fortalecimiento colectivo y a la consolidación de las condiciones socioeconómicas de los habitantes en cada uno los territorios del país. Las acciones encaminadas deben alejarse de toda pretensión particular o servir a los intereses de las grandes corporaciones que atentan contra el interés colectivo a la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos.

Dentro del escenario político legislativo, el camino que se debe auspiciar es el del continuo desarrollo de Proyectos de Ley que garanticen desde el Congreso de la República la protección de los ecosistemas de páramo y alta montaña en nuestro país. En estos momentos cursa dentro de la comisión séptima de la Cámara de Representantes un proyecto de ley de nuestra autoría que busca establecer la obligación de la inclusión de la zona de transición bosque alto andino - páramo, con la finalidad de excluir las actividades de gran impacto ambiental sobre los ecosistemas de páramo.

¿Qué acciones podemos emprender para restaurar las zonas de páramo en Colombia?

El panorama histórico ambiental y en especial el de algunos ecosistemas de páramo y Alta montaña dentro del territorio colombiano presentan sus primeros señales de cambio en la elevación de las temperaturas del aire y la reducción de las precipitaciones de la región. El período entre 1961 – 1990 según el IDEAM, se presentó una disminución aproximada en los volúmenes mensuales de precipitación entre los 2 y 3 milímetros por década y un aumento de la temperatura de los 0.20 y 0.30 por década. Una característica presente en estas cuatro décadas es la variabilidad del modelo extremo invernal y el boom petrolero en el territorio nacional.

Ahora bien, los escenarios actuales dentro de la sociedad y el panorama emergente de nuevos mecanismos de preservación y restauración en nuestros ecosistemas de páramos, inicia fundamentalmente desde las expresiones y acciones ciudadanas populares en defensa de las grandes corporaciones priorizando y acelerando el deterioro del medio ambiente territorial. 

Adicionalmente, la organización ciudadana debe girar como reto ante la exigencia al Gobierno Nacional para crear políticas protectoras de nuestros páramos y una transición energética con la finalidad de que la producción consiga el desarrollo de una transición en la producción de riqueza y la generación de energías ambientalmente sostenibles.

Es un secreto a voces que los colombianos, en su mayoría, rechazan la intervención del Páramo de Santurbán, y el resto de sus zonas ambientales frágiles. Si los legisladores contrarián la voluntad del pueblo de manera inconstitucional, ¿qué opciones quedan?

Si los legisladores o cualquier otro representante político a nivel nacional van en contra de los intereses generales de los de los territorios. Los ciudadanos deberán ser veementes dentro del ejercicio democrático y castigar electoralmente a quienes dentro de su proceso de representación no son o hayan sido coherentes con los proyectos por los cuales fueron elegidos. 

Adicional a la generación de nuevas ambientas electorales, la ciudadanía empoderada debe continuar el proceso transformador de sus territorios desde la lucha democrática por la defensa y protección del medio ambiente. Si los representantes políticos no ofrecen las garantías para la protección de las zonas de páramo y alta montaña, serán los ciudadanos quienes, mediante la protesta social, las iniciativas populares y la creatividad ciudadana, generen condiciones de cambio y protección de estos territorios de especial cuidado.

La protección del sistema paramuno: un proyecto político y social inaplazable.
Los sistemas montañosos de páramo son ecosistemas zonales ubicados por encima del límite superior del bosque, cubiertos de neblina, y por debajo del límite superior de vida animal en las zonas tropicales de Suramérica. Para el caso colombiano, la extensión del ecosistema de páramo comprende aproximadamente 2.8 millones de hectáreas a nivel nacional y dentro de estas jurisdicciones se ubican cerca de 73.000 predios. Según información precisada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, el departamento de Boyacá cuenta con la mayor proporción de ecosistemas de páramo a nivel nacional rondando las 447.000 hectáreas dentro de su territorio.

El departamento de Santander y Norte de Santander comparten dentro de su jurisdicción geográfica el ecosistema del páramo de Santurbán. Este sistema paramuno cuenta aproximadamente con 150.000 hectáreas, de las cuales, 108.000 hectáreas pertenecen al departamento de Norte de Santander y 42.000 hectáreas pertenecen al departamento de Santander. 

Según CORPONOR “del área destacada en el Parque Natural Regional Sisavita 142.828 hectáreas en Norte de Santander, el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán (21.700 hectáreas en Santander), el DMI Páramo de Berlín (44.273 hectáreas compartidos entre Santander y Norte de Santander”.

La importancia del ecosistema de páramo y alta montaña para el territorio nacional podría estar comprendido en tres componentes fundamentales. El primer aspecto significativo es la importancia que tiene este ecosistema dentro del valor científico y ecológico por las características entrópicas del ambiente paramuno. El segundo aspecto es la función agrícola existente para el contexto colombiano. Y por último, el tercer aspecto fundamental es la regulación en la hidrología regional, lo convierten al ecosistema de páramo en factor fundamental en la producción de agua para el territorio nacional.

La Constitución Política colombiana establece entre los principios fundamentales que: “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” Por su parte, el artículo 79 establece que: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

Si bien constitucionalmente podemos encontrar principios para la protección ambiental, la actividad económica colombiana sigue perpetuando una relación equivocada sobre la preservación del ecosistema y el cuidado medioambiental. La profundización de actividades como la ganadería extensiva, la explotación minera a gran escala, el desplazamiento de la frontera agrícola, la expansión urbana en territorios que deben ser de especial protección y en especial, el desarrollo de técnicas no convencionales de exploración de pozos de hidrocarburos, agudizan la crisis ambiental que experimenta el país y fortalece las afectaciones que los ecosistemas de páramo y alta montaña. El aumento de la temperatura en los ecosistemas de páramo acelera la reducción de la extensión de estos, desplaza las especies nativas y degrada la vitalidad natural del ecosistema. Por su parte, los ecosistemas alto andinos presentan acelerados por el cambio climático en estos ecosistemas reducen su capacidad de dilatar los excedentes de agua en temporada de lluvias y liberarla en la estación seca, generando con esta una profundización en el acceso al agua potable para los municipios colindantes de estos territorios.

El contexto político y social en Colombia nos evidencia una problemática análoga a la protección medioambiental por parte de las comunidades, dichos contextos sitúan a la mayoría de los territorios de la geografía nacional. Las condiciones de vulnerabilidad frente a los desastres ambientales para las comunidades ponen en peligro a los diferentes sectores sociales del país. 

Según el informe de Front Line Defenders 2020, 272 líderes sociales fueron asesinados en el año 2019, mostrando el panorama de riesgo y de amenazas que se cierne contra la protección de los líderes sociales que demuestran que el asesinato de líderes comunitarios y sociales han aumentado dramáticamente en Colombia en los últimos años – y con 64 activistas asesinados, ocupamos el primer lugar en el mundo entre quienes enfrentan un mayor riesgo.”

En promedio alrededor de todo el mundo, 4 líderes ambientales han sido asesinados cada semana desde que se firmó el Acuerdo de París en New York el 12 de julio de 2016 por causa de la defensa del territorio, el ambiente sano y la lucha por frenar el deterioro ambiental y climático en los territorios. La mayor tasa de asesinatos a líderes ambientales se presenta en el sector de la “minería y las industrias extractivas”; para ese caso en específico se presentaron 50 asesinatos registrados a nivel global.

Teniendo en cuenta las particularidades del territorio, las necesidades de las comunidades y el contexto social que atraviesa nuestro país, es necesario consolidar un mecanismo político, jurídico y social contundente que favorezca la conservación del ambiente, la protección de los ecosistemas y la preservación de los páramos como eje fundamental en la producción de agua para los habitantes de nuestro país.

La tensión existente entre los intereses comunitarios y el asedio corporativo para la degradación del medio ambiente para beneficio de las grandes nacionales y extranjeras debe ser direccionado hacia el desarrollo de producciones limpias y eficientes. Los metas internacionales trazadas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben conducir al desarrollo de agendas legislativas, políticas y ciudadanas para la protección del agua limpia y el saneamiento (ODS 6), el acceso a energías limpias y no contaminantes (ODS 7). 

La transformación del entorno dirigido hacia ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), la producción y consumo responsables (ODS 12), la acción conjunta por el clima (ODS 13), la vida submarina (ODS 14) y la vida ecosistemas terrestres (ODS 15). 

Las metas existen, y aunque el camino sea largo, es necesario empezar a trazar senderos de transformación que nos conducirán hacia la protección del entorno y la vida. Salvar el planeta, está en nuestras manos.

El escenario político, la lucha enconada por la defensa del medio ambiente y acciones cívicas para visibilizar la problemática medioambiental deben articularse en una amplia y gran agenda política que fortalezca en movimientos sociales y comunitarios concertantes en defensa de los ecosistemas, el agua y el ambiente libre de contaminación.

La defensa del territorio, la protección de los derechos humanos, la protección del ambiente para las futuras generaciones se trasforma direccionada hacia una transición energética sostenible desde los ecosistemas que nos surten de uno de los principales recursos vitales para la vida en los territorios ecosistémicos del país.

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