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Entrada 4 - Volumen 11 - Tomo II
Laura Arroyo
Perú
Soy Laura Arroyo, periodista peruana y migrante en Madrid. Estudié Lingüística Hispánica porque siempre entendí que el lenguaje no es solamente una herramienta para comunicarnos; es también un espacio donde se construyen relatos, se disputan significados y se ejerce poder. Más adelante me especialicé en periodismo político y análisis cultural porque comprendí que la política no ocurre únicamente en las instituciones, sino también en las historias que contamos sobre la realidad.
Actualmente dirijo y presento El Tablero en Canal Red y hago parte del equipo de La Base, espacios desde donde intento aportar análisis político con contexto, datos y una mirada crítica. También colaboro como analista en Televisión Española, convencida de que el periodismo debe ayudar a comprender el presente y no solamente a consumir titulares.
Ser migrante también ha moldeado profundamente mi manera de observar el mundo. Me ha permitido entender que muchas fronteras no son físicas, sino simbólicas, culturales y mediáticas. Esa experiencia reafirmó mi compromiso con un periodismo que no permanezca indiferente frente a la desigualdad y que asuma la comunicación como una responsabilidad colectiva.

Con frecuencia escuchamos que el periodismo debe ser neutral. Personalmente nunca he creído que esa neutralidad exista.
Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, una mirada del mundo y unos intereses que orientan sus decisiones. Fingir que eso no ocurre termina siendo mucho más problemático que reconocerlo abiertamente.
Por eso creo que el verdadero compromiso del periodismo no consiste en aparentar neutralidad, sino en ejercer la honestidad.
Ser un medio honesto implica explicar con claridad cuáles son los principios que orientan su trabajo, qué causas defiende y, sobre todo, quién financia su existencia. Esa información permite que la ciudadanía comprenda desde qué lugar se construyen las noticias y pueda valorar con mayor criterio el contenido que consume.
El derecho de las personas no es recibir información supuestamente neutral; es acceder a información veraz, transparente y producida con responsabilidad ética.
Del mismo modo, la libertad de expresión nunca puede convertirse en una excusa para legitimar la mentira, la discriminación o los discursos de odio. Informar implica asumir una responsabilidad pública con la democracia y con los derechos humanos.
Cuando hablamos de inteligencia artificial, vigilancia o manipulación digital, solemos dirigir la atención exclusivamente hacia los gobiernos. Sin embargo, considero que esa mirada resulta insuficiente.
Hoy buena parte del poder tecnológico mundial se encuentra concentrado en manos de un reducido grupo de corporaciones privadas que diseñan, administran y controlan los algoritmos que determinan gran parte de nuestra experiencia digital.
Ellos deciden qué contenidos circulan con mayor intensidad, cuáles permanecen invisibles y qué conversaciones alcanzan relevancia pública.
Ese poder no es únicamente tecnológico; también es económico y político.
Los llamados tecnooligarcas participan activamente en la configuración del debate público y poseen una capacidad de influencia que supera, en muchos casos, la de numerosos Estados.
Por eso el debate sobre la inteligencia artificial no puede limitarse a la innovación tecnológica. Debe incluir necesariamente una discusión sobre la concentración del poder y sobre quién controla las infraestructuras digitales donde hoy transcurre buena parte de nuestra vida democrática.
El poder político y el poder económico rara vez funcionan por separado.
A lo largo de la historia hemos visto cómo grandes grupos empresariales logran influir en decisiones gubernamentales, mientras numerosos actores políticos terminan representando intereses económicos específicos una vez abandonan sus cargos públicos.
Los medios de comunicación tampoco permanecen ajenos a esta realidad.
Cuando un medio depende financieramente de grandes conglomerados empresariales, resulta difícil imaginar que pueda investigar o cuestionar con plena independencia a quienes garantizan su sostenibilidad económica.
Por eso considero tan importante fortalecer proyectos periodísticos que respondan directamente a sus comunidades de lectores, espectadores o suscriptores.
Cuando la ciudadanía sostiene un medio de comunicación, ese medio adquiere mayores posibilidades de ejercer un periodismo verdaderamente independiente y comprometido con el interés público.
La pluralidad mediática no consiste únicamente en que existan muchos medios, sino en que existan múltiples formas de financiación, distintas perspectivas editoriales y una distribución más democrática del poder comunicativo.

Las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas donde debatimos, nos informamos y construimos opinión política.
Sin embargo, resulta paradójico que estos espacios, fundamentales para la democracia contemporánea, pertenezcan casi exclusivamente a un pequeño grupo de empresas privadas.
Creo que ha llegado el momento de discutir seriamente la creación de plataformas digitales de carácter público o comunitario.
Así como existen sistemas públicos de educación, salud o transporte, también deberíamos imaginar infraestructuras digitales gestionadas desde principios democráticos y orientadas al interés colectivo.
No se trata únicamente de desarrollar nuevas aplicaciones, sino de recuperar para la ciudadanía espacios que hoy se encuentran mediados por algoritmos cuyo objetivo principal continúa siendo la rentabilidad económica.
Vivimos un momento histórico en el que la concentración del poder económico, político y tecnológico está alcanzando niveles que hace apenas unas décadas parecían inimaginables. Sin embargo, no creo que la respuesta sea resignarnos a esa realidad o asumir que el futuro ya está escrito.
Con frecuencia pensamos que el problema son únicamente determinados gobiernos, pero la discusión es mucho más profunda. No se puede comprender el poder político sin analizar su relación con el poder económico, ni entender el funcionamiento de las grandes plataformas digitales sin observar quién las financia, quién las dirige y cuáles son los intereses que las atraviesan.
Lo mismo sucede con los medios de comunicación. Si un medio pertenece a un gran conglomerado económico, inevitablemente existirá una relación entre los intereses de ese grupo empresarial y la información que circula. Por eso considero que la democratización de la comunicación también pasa por diversificar la propiedad de los medios y fortalecer aquellos proyectos que dependen directamente de sus comunidades y no de grandes anunciantes o corporaciones.
Al final, la democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También implica que las personas puedan acceder a información plural, construir pensamiento crítico y participar activamente en la conversación pública sin que esta se encuentre monopolizada por unos pocos actores económicos o políticos.
Cuando hablamos de censura, manipulación algorítmica o control digital, muchas veces se plantea que cada persona debe encontrar sus propias herramientas para protegerse. No comparto esa idea.
La salida no puede ser individual frente a un problema que es claramente estructural. Resulta imposible pedirle a un ciudadano que, por sí solo, compita contra algoritmos diseñados por algunas de las empresas más poderosas del planeta o contra enormes maquinarias de propaganda financiadas con recursos prácticamente ilimitados.
Lo que necesitamos es organización social.
Necesitamos comunidades capaces de construir espacios propios de comunicación, fortalecer medios independientes, generar redes de apoyo y exigir instituciones que realmente protejan los derechos de la ciudadanía frente a los abusos del poder económico y tecnológico.
También necesitamos recuperar espacios de encuentro fuera de las pantallas. Las redes sociales nos ofrecen una sensación permanente de conexión, pero muchas veces terminan aislándonos dentro de burbujas donde solamente escuchamos aquello con lo que ya estamos de acuerdo.
La democracia requiere conversación, desacuerdo, escucha y construcción colectiva. Ningún algoritmo puede reemplazar esos procesos.

Si algo me preocupa del momento que vivimos es que buena parte de nuestra vida pública ocurre en plataformas privadas cuyo funcionamiento desconocemos y sobre las cuales prácticamente no tenemos capacidad de decisión.
Las redes sociales se han convertido en las nuevas plazas públicas, pero esas plazas tienen propietarios, reglas que cambian constantemente y algoritmos que priorizan determinados contenidos según intereses comerciales antes que democráticos.
Por eso considero que debemos empezar a imaginar modelos diferentes. Así como defendemos la existencia de servicios públicos esenciales, también deberíamos discutir la posibilidad de construir infraestructuras digitales orientadas al interés común, donde la comunicación no dependa exclusivamente de la rentabilidad económica de unas pocas empresas.
La inteligencia artificial puede aportar enormes beneficios para nuestras sociedades, pero únicamente si su desarrollo está acompañado por principios democráticos, transparencia, control ciudadano y respeto por los derechos humanos.
La tecnología nunca debería convertirse en un mecanismo para concentrar aún más el poder. Por el contrario, tendría que ayudarnos a distribuirlo, ampliar la participación y fortalecer la vida democrática.
Siempre he pensado que el periodismo es mucho más que una profesión. Es una forma de asumir responsabilidad frente a la sociedad.
Contar lo que ocurre implica decidir qué voces amplificamos, qué problemas visibilizamos y qué preguntas elegimos hacer. Por eso sigo creyendo que el periodismo debe comprometerse con la honestidad, la transparencia y la defensa de los derechos humanos antes que con una supuesta neutralidad que, en la práctica, casi nunca existe.
Del mismo modo, defender la democracia no consiste únicamente en proteger instituciones. También implica democratizar la comunicación, cuestionar la concentración del poder y construir espacios donde las personas puedan informarse, dialogar y organizarse libremente.
Porque, al final, la comunicación también es una forma de hacer política. Y la manera en que contamos el presente influirá directamente en el futuro que seremos capaces de construir.
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