Diana Marcela Otavo: Construir derechos humanos en la era de la inteligencia artificial y los mercados globales
Entrada 2 - Volumen 11 - Tomo II
Diana Marcela Otavo
Colombia
Soy Diana Marcela Otavo Morales, defensora de derechos humanos en Colombia desde hace más de quince años. Mi trabajo ha estado orientado a contribuir al cierre del conflicto armado y a la construcción de paz mediante la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición para las víctimas.
Mi trayectoria combina activismo, pensamiento estratégico y formación académica interdisciplinaria. Soy profesional en Marketing y Contaduría Pública, especialista en Auditoría Forense, magíster en Comunicación-Educación y actualmente curso el Doctorado en Administración en la Universidad Nacional de Colombia.
Actualmente participo en proyectos de litigio estratégico, incidencia y comunicación de interés público relacionados con el derecho a la alimentación, al agua, a la salud y con la construcción de marcos regulatorios más transparentes. Paralelamente, desarrollo una investigación doctoral que analiza cómo las fallas de los sistemas de mercado afectan el acceso a alimentos reales y profundizan la inseguridad alimentaria en poblaciones vulnerables.
A futuro busco consolidar una agenda internacional que conecte los sistemas de marketing, sus efectos en la sociedad y la forma en que las personas pueden transformarlos desde la acción colectiva, la investigación y la defensa de los derechos humanos.
El derecho a la información como herramienta de transformación
Desde mi experiencia, la defensa de los derechos humanos requiere mucho más que presencia en redes sociales. Cuando una causa está claramente definida, es necesario construir una estrategia que articule incidencia política, litigio estratégico, documentación rigurosa y comunicación pública.
El objetivo no es solamente denunciar las vulneraciones de derechos, sino desnormalizarlas, cuestionar la legitimidad de las prácticas que las producen y construir nuevas narrativas que permitan imaginar soluciones.
Por eso considero que el derecho a la información es un derecho humano fundamental. Los canales de comunicación son herramientas al servicio de un propósito más profundo: garantizar que las personas puedan acceder a información libre y diversa para participar activamente en la transformación de sus realidades.
También creo que los movimientos sociales deben disputar los formatos, los lenguajes y los canales de distribución. El desafío no consiste en permanecer dentro de círculos cerrados, sino en llegar a la ciudadanía en general y fortalecer procesos de conciencia colectiva.
Inteligencia artificial y derechos humanos
Uno de los debates más importantes de nuestro tiempo gira alrededor de la inteligencia artificial y sus implicaciones éticas.
Las tecnologías son desarrolladas por seres humanos y, por lo tanto, los algoritmos pueden reproducir los sesgos, intereses y prejuicios de quienes participan en su diseño. Por esa razón considero problemático que herramientas automatizadas sean utilizadas como único criterio para seleccionar personas o tomar decisiones públicas.
La discriminación puede reproducirse de manera silenciosa cuando ciertos criterios excluyen a poblaciones enteras de oportunidades laborales, educativas o de participación política. Frente a este escenario, considero que los modelos mixtos de evaluación, basados en competencias, experiencia y diversidad de trayectorias, siguen siendo una alternativa más justa.
Más que depender exclusivamente de nuevas herramientas tecnológicas, necesitamos construir consensos éticos amplios que orienten su desarrollo y utilización.
La necesidad de una regulación global
Considero urgente avanzar hacia acuerdos internacionales que regulen la fabricación, el desarrollo y la implementación de sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos humanos.
Los marcos regulatorios nacionales suelen ser insuficientes frente al poder económico y político de las corporaciones transnacionales. Hoy existen empresas que concentran recursos comparables o superiores a los presupuestos de numerosos países.
Mientras avanzamos hacia mecanismos globales de regulación, los Estados deben fortalecer sus marcos jurídicos y promover acciones que generen responsabilidades claras para quienes utilicen estas tecnologías con fines que produzcan daño social.
Desarrollo territorial con responsabilidad social y ambiental
Creo que toda organización que obtiene beneficios de un territorio tiene la obligación ética y política de generar bienestar para las comunidades que impacta.
Esto implica promover empleo digno, fortalecer las economías locales, proteger los ecosistemas y asumir la responsabilidad por los efectos ambientales que puedan derivarse de sus actividades.
Sin embargo, la regulación estatal por sí sola no es suficiente. También es necesario fortalecer la organización comunitaria, la gestión del conocimiento y la capacidad de incidencia de las poblaciones locales.
Cuando las comunidades cuentan con herramientas para participar activamente en la toma de decisiones, se generan condiciones más favorables para construir modelos de desarrollo más justos y sostenibles.
Las conversaciones urgentes del futuro
Desde una perspectiva de derechos humanos, considero que existen tres conversaciones urgentes que la humanidad debe abordar frente al avance de la inteligencia artificial y los desafíos del desarrollo sostenible.
La primera tiene que ver con la redistribución de la riqueza generada por las grandes corporaciones. Resulta cada vez más difícil financiar soluciones colectivas cuando quienes concentran mayores beneficios económicos reducen progresivamente sus contribuciones al bienestar común.
La segunda está relacionada con el futuro del trabajo. La automatización está transformando los mercados laborales y obliga a replantear discusiones sobre protección social, ingresos y mecanismos como la renta básica universal.
La tercera conversación es la crisis climática. Aún no contamos con respuestas suficientes para enfrentar sus efectos sobre el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la gestión del riesgo. Las consecuencias ya afectan a millones de personas en distintas regiones del mundo, especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Frente a estos desafíos, sigo convencida de que la articulación entre academia, activismo y acción colectiva es una de las herramientas más poderosas para construir sociedades más democráticas, equitativas y sostenibles.
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